Educación para la paz y la democracia

Revista Iberoamericana de Educación Número 14
Mayo-Agosto 1997
Educación para la paz y la democracia
Enrique Warleta (*)
(*) Enrique Warleta Fernández, ex-subsecretario técnico de la OEI

La sexta reunión de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Santiago y Viña del Mar, Chile, del 7 al 11 de noviembre de 1996, dedicó sus deliberaciones principalmente al tema de la gobernabilidad, es decir, al funcionamiento correcto tanto de las instituciones fundamentales del sistema democrático como de la participación de los ciudadanos en la gobernación de los Estados. En este último sentido se hace necesario fortalecer, desde la más temprana escolaridad, los programas de formación ciudadana y de educación para la democracia y la participación, lo cual ya fue expresado en la «Declaración de Concepción» que firmaron los Ministros de Educación reunidos en la ciudad chilena de Concepción, los días 24 y 25 de septiembre de 1996, convocados por el Ministerio de Educación de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en la sexta Conferencia Iberoamericana de Educación.

Los Ministros declararon que «la educación democrática exige educar para fortalecer las instituciones, evitar la corrupción y otras conductas antisociales, como la evasión fiscal, que debilitan la democracia». Y concluyeron, entre otras medidas, que es necesario «incorporar en el proyecto educativo objetivos y contenidos que desarrollen la cultura democrática en todos los niveles educativos para la formación de personas éticas, con conductas solidarias y de probidad».

1. Introducción
Los sistemas educativos no han tenido, ni tienen, ni deben tener falta de intencionalidad. Desde la «educación de príncipes» hasta la escuela universal y gratuita siempre ha habido una intencionalidad en el hecho educativo. Únicamente la mera instrucción, es decir, la trasmisión de conocimientos, puede ser neutra.

No hay por qué escandalizarse de que esto sea así. Sin embargo, si consideramos el tipo de educación que se da en los regímenes dictatoriales o totalitarios, podríamos poner el grito en el cielo por la manipulación que desde el poder se hace, introduciendo en la conciencia de los ciudadanos y de los futuros ciudadanos ideas y valores que favorecen el completo sometimiento de éstos a los intereses de quienes gobiernan.

En los regímenes democráticos es perfectamente aceptable que los sistemas educativos tengan una intencionalidad, porque en ellos se dan las circunstancias adecuadas para que esta no resulte nociva para nadie. Las democracias se sustentan en la posibilidad de mantener opiniones y creencias diversas, en la convivencia, el diálogo y la tolerancia, y trasmitir estos valores a través de los sistemas educativos no conculca la libertad de los individuos ni de la sociedad en su conjunto, sino que, por el contrario, la favorecen.

Educar para la democracia es una forma bastante eficaz de educar también para la paz.
Pero antes de esbozar los condicionantes que debe tener una educación para la democracia es conveniente reconsiderar qué se debe entender por democracia.

2. Palabras gastadas
José Figueres, que fue Presidente de Costa Rica, durante su exilio precedente en México al principio de los años cuarenta escribió un ensayo sobre su ideario político bajo el título de «Palabras gastadas», expresión con la que calificaba a estas tres palabras: democracia, socialismo y libertad.

Hoy día parece que esto sigue vigente, sobre todo con la palabra democracia. Con tanto usarla, y usarla mal, parece que se está desgastando. A algunos políticos se les llena la boca cuando dicen aquello de «nosotros, los demócratas» como si tuvieran la exclusiva sobre el resto de sus conciudadanos.

Pero la verdad es que el concepto «democracia» resulta un tanto vago y poco definido para muchas personas: democracia no es sólo una doctrina política «favorable a la intervención del pueblo en el gobierno», porque esto limitaría al hecho de elegir a sus gobernantes cada cuatro o cinco años la facultad de los ciudadanos de intervenir en el gobierno. El solo hecho de la posibilidad de ejercer el derecho al voto no convierte a un país más que en una democracia «de papel», es decir, en una democracia únicamente formal.

Democracia es también que el ciudadano que vota se sienta representado por quien ha elegido, y que los políticos, a su vez, entiendan que están representando a sus electores y no tienen un puesto en el parlamento o en el gobierno de la nación o de la circunscripción de que se trate para usarlo en su provecho personal o en el de su grupo o partido.

Democracia es que todos los ciudadanos no sólo puedan ser iguales ante la ley sino que sean, asimismo, iguales en cuanto a derechos y oportunidades en la cobertura de sus necesidades en salud, vivienda, educación y trabajo, que puedan libremente sentirse partícipes de la sociedad en la que viven y, al mismo tiempo, que disfruten de una transparencia informativa acerca de cuanto ocurre en su país.

Democracia es igualmente que los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, tengan la necesaria independencia y que funcionen con normalidad; que las instituciones de la nación y las administraciones públicas sean eficaces y útiles para los ciudadanos; que la iniciativa privada pueda desarrollarse sin cortapisas y dentro de cauces legítimos; que no se facilite la actividad de poderes fácticos que corrompan y manipulen a la sociedad; que se entienda por todos, en fin, cuáles son los límites de esa otra palabra gastada: libertad.

Hay que entender que la libertad individual termina donde empieza la libertad de los demás y que la libertad no significa que se puedan transgredir las leyes que la sociedad se da a sí misma. Un régimen democrático no excluye que deba existir un sistema de seguridad eficiente, una policía capaz de impedir que unos pocos ciudadanos puedan vulnerar las leyes en nombre de su malentendida libertad.

Pero cuando estas palabras gastadas se asocian para dar lugar a combinaciones, todavía resultan menos inteligibles. Así ocurrió con el nacional-socialismo de Alemania, que la España del franquismo no se atrevió a asimilar y lo tradujo por el nacional-sindicalismo, o con esa mezcla de la social-democracia, cuando es así que toda democracia debe de ser social, y con los democristianos, que no se sabe bien si son demócratas que son cristianos o cristianos endemoniados.

Otra palabra gastada, que no tuvo en cuenta Figueres, y que se usa con cierta frecuencia -sobre todo en España- es la de «progresista». En sentido estricto se aplicaba a un partido liberal que existió en este país y «que tenía por mira principal el más rápido desenvolvimiento de las libertades públicas»; en sentido lato puede aplicarse a quien es partidario del progreso, que significa «avance, adelanto, perfeccionamiento». Las sociedades democráticas tienen como una de sus características contribuir al progreso individual de todos sus ciudadanos y de la sociedad en general. Por ello resulta un tanto superfluo emplear el término «progresista», cuyo concepto más amplio está ya incluido en el de democracia, aunque sea con la intención de contraponerlo al de «conservador», que no es en modo alguno antidemocrático, ya que este último no es sinónimo de «retrógrado».

La educación para la democracia resulta indispensable en nuestros días para transformar esa cultura de la violencia que envuelve al mundo en una cultura de paz.

La educación para la democracia se puede considerar desde tres aspectos distintos, que, en el fondo, conducen a un mismo puerto: la democratización de los sistemas educativos, es decir, la introducción o la presencia activa de los principios democráticos en la organización de la educación reglada; la didáctica de la democracia, que no debe constituir una materia especial de la enseñanza sino impregnar toda la formación que proporcione el sistema; y la democratización de la educación permanente, de la no reglada y de esa educación difusa que la propia sociedad ofrece a través de una serie de instituciones y medios que no tienen un claro objetivo educativo, pero que, sin embargo y en un sentido lato, educan a los ciudadanos.

3. Democratización de la educación
Democratizar la educación significa hacer posible el acceso al sistema educativo de todos los ciudadanos, con independencia de su raza, idioma, condiciones sociales y edad, tanto en aquellos niveles declarados obligatorios como en los voluntarios.

3.1. Obligatoriedad y gratuidad
Si resulta loable la imposición de la obligatoriedad de la educación primaria y, en algunos países, también de la enseñanza secundaria, ello debe ir acompañado de que esta medida pueda ser cumplida. Por ello, los Estados deben facilitar los medios oportunos para que todo el mundo pueda cumplir con la obligatoriedad de la educación. En caso contrario, sería una incongruencia declarar obligatoria la enseñanza primaria o básica y no posibilitar su cumplimiento.

La obligatoriedad es una medida política que responde al derecho legítimo de todos los ciudadanos de poder acceder al sistema educativo y al deber de los padres de dar a sus hijos la necesaria educación, tanto si pueden hacerlo con sus propios medios económicos y personales como si no pueden.

La sociedad civil debe garantizar a aquellos que no puedan proporcionar a sus hijos la educación imprescindible los medios para que cumplan ese deber, y al conjunto de los ciudadanos el derecho que tienen a educarse.

Por ello la obligatoriedad debe ir acompañada de la extensión y de la gratuidad. Los Estados tienen que arbitrar los medios necesarios para que la escuela primaria, al menos, sea gratuita y llegue a todos los niños en edad escolar.

Esto supone, entre otras cosas, que exista una eficiente administración escolar; que se creen los centros que sean precisos o que se reagrupen aquellos que no sean rentables, facilitando el transporte en los casos en que sea necesario; que se dote a estos centros del idóneo y suficiente personal docente que tenga la adecuada formación, ya que la gratuidad no puede significar desmedro alguno de la calidad de la enseñanza; que se proporcionen a todos los centros los medios materiales y didácticos necesarios, garantizando de ese modo que las nuevas tecnologías puedan llegar a todos los ciudadanos; que se procuren los elementos adecuados para que no se produzcan el abandono y la deserción.

3.2. Poblaciones indígenas y marginadas
En donde existan núcleos de población indígena, debe fomentarse la creación de centros de educación bilingüe intercultural, en los que se respete el idioma y la cultura de estos pueblos y se facilite, al mismo tiempo, su integración en la cultura nacional, sin que pierdan por ello su identidad.

Naturalmente, todo esto comporta gastos cuya gestión y racionalización deben ser cuidadosamente planificados. Pero, al mismo tiempo, en estos núcleos, en los núcleos rurales de población y en los de población marginada, son necesarias medidas complementarias que faciliten el rendimiento escolar y eviten la deserción y el abandono, que a la postre son más costosas; estas medidas complementarias pueden ser, entre otras, una adecuada política de asistencia social en las áreas de la salud y la nutrición.

Según el informe de Unicef, «Estado mundial de la infancia, 1996», en los 21 países de la Comunidad Iberoamericana la tasa de mortalidad para la población de menos de 5 años era un promedio de 107 por cada mil en 1960 y ha pasado a 34 en 1994, lo que representa una notable mejoría y, al mismo tiempo, significa un aumento de la población escolar a menos que se reduzca el índice de natalidad. Por otra parte, el consumo de calorías per cápita en el porcentaje del nivel requerido oscila entre un 84 y un 141 por ciento, lo que también es un dato positivo; el acceso de la población a los servicios sanitarios alcanza porcentajes bastante elevados en los medios urbanos, con excepción de Guatemala y El Salvador, y en torno al 50 por ciento en los medios rurales, con excepción de Cuba, donde alcanza el 96 por ciento (ver Cuadro 1). Por lo que respecta a la prevención de enfermedades «en 1981, el 45 por ciento de los niños y niñas estaba inmunizado contra las enfermedades prevenibles mediante vacunación; en 1993, la tasa de inmunización se había incrementado hasta el 80 por ciento. La polio ha sido eliminada de la región en 1994».

3.3. Recuperación de los que escapan del sistema
Una labor importante es proporcionar, al menos, educación básica y formación profesional a aquellas personas que en época pasada no recibieron educación primaria ni una adecuada formación profesional para poder acceder al mundo del trabajo, bien porque desertaron del sistema o bien porque las carencias de este cuando ellos estaban en edad escolar les impidieron educarse convenientemente.

Por ello deben organizarse suficientes oportunidades para la formación de los adultos analfabetos o carentes de la más elemental instrucción y de una formación que les permita desarrollar una actividad laboral adecuada que les capacite para realizarse como personas y como miembros útiles de la sociedad.

Afortunadamente, los niños y niñas que actualmente «se escapan» del sistema son bastantes menos que hace algunos años. Según el mencionado informe de Unicef, en 1960 la tasa bruta de escolarización, es decir, la que incluye la proporción de niños escolarizados, pertenecientes o no a la correspondiente edad escolar, con respecto al total de la población en dicho grupo de edad, para la población masculina era de 86, y en 1993 de 105; en el caso de la población femenina, la tasa de escolarización bruta era en 1960 de 82 y en 1993 de 103. Estos datos se refieren a la media de los 21 países que constituyen la Comunidad Iberoamericana. Naturalmente existen algunas diferencias entre países: así, mientras que en 1960 Cuba, España, Paraguay, Portugal y Uruguay tenían una tasa de escolarización por encima de 100 y esta tasa apenas ha sufrido variación en 1993, otros países, como Guatemala y Nicaragua, han pasado de una tasa de escolarización para los niños de 48 y 57 a 84 y 100, respectivamente, y de una tasa de escolarización para las niñas de 39 y 59 a 73 y 104, respectivamente. También el porcentaje de alumnos de enseñanza primaria que termina el 5º grado es de 77 en promedio, lo cual es bastante satisfactorio (ver Cuadro 2).

Para esas mismas fechas (1960 y 1990) es interesante resaltar el esfuerzo que se ha hecho en los países a los que se refieren estos datos respecto de la atención de los sistemas educativos a la educación de la mujer. La tasa de escolarización neta, es decir, la proporción de niñas escolarizadas de la correspondiente edad escolar se incrementó del 57% al 87 % en la enseñanza primaria, y era del 49% en 1990 en la enseñanza secundaria, que es la más alta de todas las regiones del mundo en desarrollo.

En estos países de la Comunidad Iberoamericana, en 20 años (desde 1970 a 1990), el número de analfabetos ha bajado de un 24% a un 13% en los hombres y de un 30% a un 17% en las mujeres como término medio. Por encima de esta media sólo están, respecto de los varones, Guatemala (39%), Nicaragua (37%), Honduras (30%), El Salvador (29%) y Brasil (18%), y, con relación a las mujeres, Guatemala (54 %), Nicaragua (35%), El Salvador (33%), Honduras (31%), Bolivia (29 %), Brasil y Perú (20%) y Portugal (19%) (ver Cuadro 3).

Hay que tener en cuenta, asimismo, que desde 1993 la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha llevado a cabo sendos programas de alfabetización y educación básica de adultos en El Salvador y en la República Dominicana, como consecuencia de los acuerdos adoptados en la reunión de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Madrid en 1992, por lo que el índice de analfabetismo en estos dos países se ha reducido: en El Salvador han sido alfabetizadas, a lo largo de los tres años que ha durado el programa, 80.000 personas, de las que el 20% ha completado la educación básica, y en la República Dominicana se han alfabetizado más de 27.000 personas, alcanzando 18.000 de ellas el nivel mínimo exigido de educación básica. Hay que añadir que en El Salvador el programa de alfabetización y educación básica de adultos se va a continuar a partir de 1997, y que estuvo complementado por un programa de educación y trabajo que tenía por objeto facilitar el tránsito de la formación básica a la vida laboral y que también continuará desarrollándose. En cuanto a la República Dominicana, hay que decir que los datos reseñados son parciales, ya que el programa termina a finales de 1997 y que también se continuará. Asimismo, hay que reseñar que este año se iniciarán, también gerenciados por la OEI, otros programas de alfabetización y educación básica de adultos en Honduras y en Nicaragua.

3.4. Regionalización y diversificación
Otro aspecto muy importante de la democratización de los sistemas educativos es acercar la escuela a la sociedad y a sus necesidades concretas en cada lugar de que se trate. Por ello se hace necesaria la regionalización del sistema y la diversificación de la enseñanza, sin que tal medida suponga desmedro alguno en la calidad y, sobre todo, en los contenidos básicos que los alumnos deben aprender.

Se trata, en primer término, de dotar de posibilidades de actuación y de eficacia a la administración pública cercana a los ciudadanos, esto es, la de nivel departamental, provincial o estatal, delegando en ella las atribuciones que corresponden a la administración del Estado, como ocurre en los Estados federales. Con ello se acerca a las necesidades de los ciudadanos el nivel de decisión.

Pero también se trata de adecuar los planes de estudios a estas necesidades y a las vivencias de quienes habitan en el territorio o región en cuestión. Y no sólo los planes de estudio, sino también los textos escolares. Cuando existen textos escolares comunes para todo el país suele suceder que en ellos se ponen ejemplos que pueden no ser comprensibles para los alumnos de ciertos medios; en un simple problema de aritmética, si se hace referencia a la pesca o al tamaño de las redes o de los barcos, el niño del medio campesino no entiende lo mismo que si se le hablase de plantaciones, porque lo más probable es que nunca haya visto el mar. Por otra parte, es importante que los textos estén actualizados y acordes con la realidad que rodea al alumno; es conocida la anécdota de un profesor que, para explicar la figura literaria del tropo, utilizó un pasaje de Campoamor en el que se hacía una descripción del tren como el «monstruo de hierro que avanza con su penacho de humo» y sus alumnos no fueron capaces de saber a qué se estaba refiriendo el párrafo leído porque sólo habían visto locomotoras eléctricas.

Hay un ejemplo de la eficacia de acercar la escuela a los intereses de las comunidades, propiciando una diversificación de los planes de estudio. En 1981 los paeces, guambianos y coconucos, comunidades de la provincia colombiana del Cauca, crearon seis escuelas experimentales en las que se impartía una enseñanza distinta del currículo oficial, adaptada a sus necesidades y a su cultura, que finalmente fue admitida por la administración central. Con ello no sólo se evitó la deserción y el abandono, sino que años después tuvieron que crearse más de treinta centros escolares semejantes.

Sin embargo, la adaptación de los planes de estudios y de los textos al medio en donde la escuela está ubicada no puede traer como consecuencia una disminución de la calidad ni de los contenidos que son esenciales para la debida formación de los alumnos, sobre todo si se tienen en cuenta las exigencias en cuanto a la adecuada capacitación de los ciudadanos que traen consigo los procesos de integración supranacionales que están en marcha. Cuando se ha establecido un mercado común entre países que permite la libre circulación de personas y su contratación en otro país, los nacionales de uno determinado no pueden estar, en cuanto a su formación, en inferioridad de condiciones con los ciudadanos del país de acogida. Por ello, los planes de estudio de las naciones que conforman un mercado común deben proporcionar idénticos niveles de formación y capacitación profesional.

3.5. Posibilidades de acceso voluntario al sistema
Si la obligatoriedad de la enseñanza básica y, en su caso, de la enseñanza secundaria, debe llevar aparejada no sólo la gratuidad sino también la posibilidad de acceso al sistema para todos los ciudadanos, la democratización de la educación debe permitir que el sistema acoja a quienes, de una manera voluntaria, quieran proseguir sus estudios cualquiera que sea la edad que tengan.
Esto no sólo se refiere al hecho de que funcionen centros para la alfabetización y la educación básica de los adultos, sino también a que se organicen posibilidades para que quienes no han podido cursar estudios secundarios lo puedan hacer de manera voluntaria a través de cursos de educación a distancia o presenciales, e incluso organizando fórmulas de acceso a la universidad para personas que, reuniendo las condiciones de ingreso requeridas, tengan una edad superior a la normal para este tipo de estudios.

Igualmente, esto implica la posibilidad que debe ofrecerse a los ciudadanos de acceder a una formación permanente, a una formación recurrente, a cursos de actualización profesional o a cursos de reciclaje profesional que les permitan cambiar de actividad.

Posibilitar todo lo anteriormente expuesto es evidente que cuesta dinero y esfuerzos administrativos. Sin embargo, es la manera de democratizar los sistemas educativos y de hacer que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades para su formación. Luego, unos llegarán más lejos que otros de acuerdo con sus aptitudes y con sus esfuerzos. Pero esto es otro cantar. Lo importante dentro de la política educativa que debe desarrollar un Estado democrático es que exista igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos del país.

La educación de elite no está en contraposición con la democratización del sistema educativo. La que sí está reñida con la democratización de la educación es una educación de elite como la que existía hace años, fundamentada de modo exclusivo en la posición social del alumno y no en la propia capacidad. De hecho, en países de tradición democrática como el Reino Unido, los Estados Unidos o Francia funcionan centros de elite, como por ejemplo la Escuela Normal Superior francesa, por cuyas aulas han pasado numerosas personas que han destacado en el mundo de las finanzas, la política o el pensamiento. También las universidades, ante la masificación que vienen sufriendo, se han «inventado» el tercer ciclo y los cursos de postgrado que, en su mayoría -ya que algunos de estos cursos no deberían presentarse como tales-, constituyen una formación elitista.

Democratizar la educación no significa, en modo alguno, hacer de ella una tabla rasa a la baja.
No resisto referirme a un hecho vivido hace años: en los últimos tiempos del franquismo, un día me crucé en el madrileño barrio de Argüelles con una manifestación de estudiantes que poco después fue «convenientemente» disuelta por la policía. Los manifestantes iban gritando la frase «Los hijos del obrero, a la universidad». Me pareció bien lo que decían, pero inmediatamente pensé que los que tal consigna proferían no sabían ciertamente lo que era la universidad. Para un obrero que percibía que los universitarios obtenían las mejores posiciones en la sociedad, es lógico que aspirase a que su hijo lograra lo que él no consiguió. Pero tal aspiración, que es legítima sin duda, trajo consigo la masificación de las universidades y, con ella, la dificultad cada vez mayor de que los egresados encuentren la «salida» por la que tanto suspiran a la hora de escoger sus estudios y mientras los están cursando. Un título logrado en una universidad nunca significó más que una aptitud para ejercer una profesión liberal, pero no una garantía de «colocación». Lo que ocurre es que cuando el número de egresados es relativamente pequeño, como pasaba con la práctica del «numerus clausus», era mucho más fácil para un egresado universitario poder ejercer su profesión. La actual competencia hace que esto sea mucho más difícil.

4. Formación para la democracia
Los regímenes dictatoriales saben bien lo que es la captación de todos los medios a su alcance para lograr la sumisión de los ciudadanos a la figura del dictador y a su política. Uno de estos medios es la utilización del sistema educativo para mediatizar la opinión de los jóvenes y los niños que formarán las futuras generaciones, y mentalizarlos de manera que presten su adhesión incondicional a las ideas políticas del sistema de gobierno impuesto.

Para ello incluyen en los planes de estudio asignaturas tales como la de «formación política» o la de «formación del espíritu nacional», y, además, introducen una serie de elementos mediatizadores en otras materias de estudio como pueden ser la historia nacional o las ciencias sociales.

En las democracias se suele ser mucho más inocente en este aspecto y se descuida la utilización del sistema educativo para formar en democracia a los futuros ciudadanos.

No debe haber ningún reparo en la intencionalidad de la formación que se da a través de los sistemas educativos, siempre que en ellos exista una verdadera formación de la capacidad crítica de los alumnos, de tal manera que no se coarte la posibilidad que tienen de pensar libremente.

Por ello, los sistemas democráticos pueden propiciar una formación en democracia que debe ir algo más allá de la mera enseñanza de la Constitución y de los derechos ciudadanos en las aulas. De hecho, las democracias utilizan el sistema para proporcionar elementos de «educación cívica» que formen a los futuros ciudadanos en los principios de la vida democrática.

Sin embargo, en numerosas ocasiones no se pasa de una enseñanza teórica a una enseñanza práctica que «entrene» a los estudiantes en el diálogo y en la discusión ordenada, así como en la participación. Si se observan las discusiones acaloradas y sin sentido que se producen, por ejemplo, en las asambleas de propietarios de condominios o las actitudes autoritarias que a veces adoptan quienes tienen un cargo de responsabilidad vecinal, se comprenderá fácilmente que la mayoría de las personas adultas no ha tenido la suficiente formación que les permita desarrollar ciertas actividades sociales en las que se necesita una cierta capacidad de diálogo y de comprensión.

La práctica escolar de la participación y el autogobierno debería estimularse, a través de actividades circumescolares, como técnica de enseñanza para la futura vida ciudadana de los alumnos. Para una vida en democracia en la que pueda existir tolerancia, diálogo positivo y relaciones pacíficas entre los miembros de la sociedad. De esta manera, podrán contribuir los sistemas educativos a la formación de los ciudadanos para que sepan vivir en democracia.

5. Vivir en democracia

De nada serviría la democratización de la educación y la formación en democracia si luego los ciudadanos no fueran capaces de vivir en democracia.

Los distintos elementos que componen la sociedad y actúan en ella, llevan a cabo, con sus diversas acciones, una labor de educación difusa, no programada, pero que puede tener notables consecuencias en la formación de actitudes democráticas. Desde la familia, las asociaciones de toda índole, los centros de cultura y esparcimiento, hasta los medios de comunicación, se pueden convertir en agentes de formación o, por el contrario, en elementos de deformación que actúen en uno u otro sentido, aun sin proponérselo.

Vivir en democracia significa que pueda existir una total transparencia informativa y que los poderes oligárquicos, los poderes económicos y los poderes políticos no manipulen en su provecho la información que se da a los ciudadanos. Por otra parte, las televisiones que incluyen en sus programas algunas películas que contienen una excesiva carga de violencia están deformando a ciertas personas, que no saben distinguir la ficción de la realidad y que se dejan influir por las actitudes violentas, lo cual no favorece el clima de diálogo, tolerancia y paz que debe presidir las relaciones de los ciudadanos en una democracia. En este sentido ya ha habido, desgraciadamente, ejemplos de niños y adolescentes que han cometido crímenes y actos violentos calcados de las películas que acababan de ver.

Vivir en democracia significa que no existe una justicia susceptible de ser corrompida y que es capaz de aplicar la ley a todos por igual. Lo contrario crea un clima de total desconfianza en el poder judicial e incita a los ciudadanos a tomarse la justicia por su mano.

La corrupción es un mal que alcanza tanto a los regímenes dictatoriales como a los democráticos. La única diferencia está en que en estos últimos los delitos de corrupción pueden ser descubiertos y en las dictaduras resulta casi imposible que se saquen a la luz pública. La corrupción tiene un caldo de cultivo en funcionarios de la administración pública, policías, políticos, y, por supuesto, también en el sector privado, porque tan corrupto es quien se deja corromper como el que corrompe. La corrupción alcanza a veces a las más altas magistraturas del Estado, y ya hay casos en los que algunos presidentes de repúblicas democráticas han sido destituidos y condenados por haber cometido delitos de malversación o de tráfico de influencias.

Los gobiernos democráticos no deben ser débiles en manera alguna, porque el sistema democrático no significa que cada quien pueda hacer lo que quiera fuera del marco legal. Por el contrario, los Estados democráticos deben tener los elementos necesarios para poder combatir con eficacia males tales como el terrorismo, el narcotráfico, la xenofobia y el racismo, las bandas paramilitares y todo cuanto atente contra el medio ambiente, la salud de los ciudadanos y las buenas relaciones sociales, de manera que se pueda vivir en paz.

Si democratizar el sistema educativo y utilizarlo para enseñar democracia resulta fundamental para lograr la paz ciudadana, el respeto, la correcta convivencia y la tolerancia que deben presidir la vida en democracia, ello no tendría ninguna consecuencia si luego la sociedad no sabe vivir en democracia.

Por eso resulta tan importante la educación para la democracia como elemento ciertamente indispensable para que, tanto a nivel individual como a nivel social, podamos aprender la paz.